Eutanasia en Aragón: informe 2024 (Pdf)
Solicitudes: 24 (23: 19, 22: 26, 21: 6. Total: 75).
- Eutanasias: 8 (33%)
- Resto: 16
¿Plazos? Un año más, el informe de Aragón omite estos datos.
Algunos comentarios:
Solicitudes: 24 (23: 19, 22: 26, 21: 6. Total: 75).
- 2 solicitadas mediante el testamento vital
- 10 onco (42%), 9 neuro (38%), 2 psiqu (8%), 2 osteomusc (8%), 1 respirat (4%).
- Huesca 2, Teruel 4, Zaragoza 18.
- En el sistema público (Sistema aragpnés de salud), excepto 1 en una residencia,
- Eutanasias: 8 (33%)
- 5 onco (56%), 2 neuro (22%), 1 osteom y 1 respirat (11%).
- Teruel 2, Zaragoza 6.
- Donante: 1.
- Resto: 16
- Denegaciones 5. MR 4: 1 por cáncer con diagnóstico de presunción, 2 por salud mental y 1 respiratorio. Reclamadas 4: 1 estimada. MC 3: 1 neurol no suficientemente avanzada y 2 patol. musculoesqeléticaos con diferente grado de dependencia. Reclamadas 2: 1 estimada. La CGE resolvió 7 reclamaciones, 2 a favor y 5 en contra del derecho a morir.
- Fallecimientos durante la tramitación 4 (29%).
- Desestimientos: 2
- Pendientes: 5. Esta cifra no queda clara, porque la casuística es muy diversa. La dupla verificó 12 solicitudes, 10 con informe de MR y MC favorables y 2 tras un informe del MR y otro del MC reclamados, que fueron estimados por la CGE. Una persona falleció tras la verificación. Otra estaba a final de año pendiente de fijar la fecha de la prestación y otra de comunicarle la denegación de la MC.
¿Plazos? Un año más, el informe de Aragón omite estos datos.
Algunos comentarios:
- El informe de 2024 aporta unos datos totales de 2021 a 2023 por CCAA que son erroneos. Cuenta 394 eutanasias, cuando fueron 697, por lo que toda la tabla y las gráficas están mal. Aunque no exista una gran variación, las tasas de solicitudes se pueden calcular por nº de habitantes, pero las de eutanasia deben calcularse por cada mil fallecimientos.
- ¿Puede una MC denegar por segunda vez una solicitud cuya reclamación ha sido estimada por la CGE? No debería, pero está ocurriendo (la pág. 13 dice una cosa y la contraria). Quizás tenga relación con la peculiar forma que tiene la CGE de Aragón de interpretar la objeción de conciencia, permitiendo que un MC sea objetor (pág. 28).
- Cuando en 2021 se aprobó la LORE, tras elaborar el Manual de Buenas Prácticas, el Ministerio de Sanidad desapareció, hasta hoy, limitándose a elaborar su informe anual. Un ejemplo de esta ausencia de liderazgo y coordinación es el informe de las CCAA, que cada CGE elabora como le parece y publica, o no, cuando alguien del gobierno autonómico de turno decide. Así será muy difícil corregir las desigualdades territoriales existentes.
- El Informe anual de la CGE de 2024 termina con un apartado de recomendaciones excesivamente largo (26 páginas de 45). Se agradece el esfuerzo pedagógico, pero ese informe no es una herramienta de formación, sino de evaluación. Destacar solo algunos aspectos:
- Es imprescindible la Unidad de eutanasia, Oficina de la PRAM, o como la quieran llamar. El informe sugiere un profesional coordinador en los servicios centrales del SALUD. No debería ser una sugerencia, sino un imperativo. Es muy grave que la CGE diga que “los informes médicos generan mayor conflicto en la resolución de reclamaciones cuando son incompletos, inexistentes o insuficientes”, como ocurrió en dos casos de 2024.
- En Aragón, el modelo de referentes, es más bien una red de gestores, que no es lo mismo.
- No hay formación: “la sensación dominante es que la formación ha sido insuficiente, que sigue habiendo mucho desconocimiento, y abundan las ideas preconcebidas erróneas sobre la ley y el procedimiento”. Pero la habrá, o por lo menos enviarán muchos recordatorios.
Informe anual de la CGE de Aragón de 2023
Solicitudes: 18, (más 1 pendiente para 2024).
- Eutanasias: 7 (37%) (6 verificaciones de 2023, 1 de 2022). 3 domic, 4 hptal
- Resto: 12 (63%)
Informe anual de evaluación de la eutanasia en Aragón en 2021 y 2022
2022:
¿Y los plazos consensuados con el Ministerio? 1) 1ª solicitud-prestación. 2) 1ª -2ª solicitud. 3) 1ª- resolución CGE (si añaden los plazos entre 2ª-MC y MC-dupla, mejor). 4) Plazo de sesolución de las reclamaciones. Y 5) Resolución-eutanasia.
La CGE refiere que el procedimiento es largo y farragoso, no apto para enfermos terminales. Pero los plazos son máximos, es la propia CGE la que tiene la responsabilidad de atender cada solicitud de ayuda para morir.
2021:
- Resto 9
Solicitudes: 18, (más 1 pendiente para 2024).
- Solicitada en el Testamento Vital (TV): 0
- Onco 11, psiquiátricas 2 (11%), neuro 3, osteomusc 3.
- Eutanasias: 7 (37%) (6 verificaciones de 2023, 1 de 2022). 3 domic, 4 hptal
- Onco 5, neuro 2.
- Resto: 12 (63%)
- Denegaciones: 6 (31.5%) (5 por MR y 1 por MC)
- Fallecimientos durante la tramitación: 7 (39%)
Informe anual de evaluación de la eutanasia en Aragón en 2021 y 2022
2022:
- Solicitudes: 26 (100%) (en 2021 ahora cuentan solo 6):
- 6 hptal, 2 domicilio. 3 donantes de órganos. 25% oncológicos, 75% neurológicos
- Denegaciones: 8 (31%) (5 MR, 3 MC: 1 Ok CGE)
- Fallecieron durante la tramitación: 7 (27%)
- Aplazada: 1
- Revocada: 1
¿Y los plazos consensuados con el Ministerio? 1) 1ª solicitud-prestación. 2) 1ª -2ª solicitud. 3) 1ª- resolución CGE (si añaden los plazos entre 2ª-MC y MC-dupla, mejor). 4) Plazo de sesolución de las reclamaciones. Y 5) Resolución-eutanasia.
La CGE refiere que el procedimiento es largo y farragoso, no apto para enfermos terminales. Pero los plazos son máximos, es la propia CGE la que tiene la responsabilidad de atender cada solicitud de ayuda para morir.
2021:
- Solicitudes: 10 El Ministerio de Sanidad cuenta 4 solicitudes y 1 eutanasia. En fin...
- Resto 9
- Denegadas: 2 (20%): MR: 1: reclam.: CGE desfavorable. 1 MC, solicitada en su testamento vital (TV), demencia con "deterioro cognitivo leve" (??)
- Fallecieron durante la tramitación 3 (30%): 1 suicidio y 2 por cáncer. Tirarse por la ventana es un suicidio violento, no una “autolisis”, como dice la CGE (no somos una célula).
- Aplazada 1
- Falleció el día del dictamen favorable 1.
- Anómala 1 (no debería aparecer en el informe).
La CGE se queja (dos veces en 2021 y una en 2022), de que no han tenido tiempo para elaborar los decretos y para la formación. Un lamento del mal estudiante que no viene a cuento, porque otras CCAA sí lo han hecho y porque no le corresponde a la CGE, sino al Gobierno de Aragón.
Nota: La LORE se publica en el BOE en marzo de 2021 (no del 22, como dice la errata de la pág. 4). Un año antes (24/1/2020) se registró en el Congreso por tercera vez la proposición de Ley, que el Pleno aprobó por mayoría absoluta en diciembre (17/12/20), para enviarla al Senado. Todas sabíamos que en unos meses entraría en vigor (junio de 2021).
Podían haberlo hecho mucho antes, como Catalunya, pero no es hasta el 14/4/21 (nueva errata en la pág. 4) cuando se forma un grupo de trabajo. Cuando entra en vigor 5 CCAA han publicado su decreto, por lo que sí se puede y quizás el Gobierno de Aragón debe revisar sus trámites y sus plazos internos.
El balance de 2021 es malo: 9 solicitudes, 1 eutanasia, otra aplazada y demasiadas personas fallecidas en la tramitación, una de ellas por suicidio. Dice textualmente (p. 7): “Más adelante se comentará cómo está siendo la presentación de solicitudes de eutanasia, y la peripecia de su tramitación; la mayor parte de ellas no están llegando a la fase de verificación previa por distintos motivos. Y sólo uno de los pacientes a los que se ha denegado la prestación de ayuda para morir ha presentado reclamación ante la Comisión”. Se agradece la sinceridad en el uso de la palabra peripecia, pero resulta preocupante viniendo del órgano que tiene que garantizar la prestación, sobre todo cuando reconoce que la mayoría de las personas solicitantes no han podido ejercer su derecho a la eutanasia.
Al menos su planteamiento sobre problemas encontrados, sus consecuencias y aspectos a mejorar es interesante. Pero “implantar medidas de información y formación extensas y suficientes para todos los profesionales sanitarios potencialmente implicados” es imposible (ni en 3 meses, ni nunca). Basta con los referentes.
Según la CGE, la realidad ha demostrado que la objeción de conciencia (OC) ha provocado problemas en la gestión de los procedimientos, sobre todo tras el suicidio de una señora, del que se hicieron eco los medios de comunicación. Esta asunción es inadmisible. Los problemas con la OC no se solucionan con una ley estatal, como dice el informe (de nuevo, balones fuera), sino aclarándoles que tienen la obligación de rubricar una solicitud y entregársela a su superior. El resto del planteamiento sobre la OC, probablemente influido por sectores que pretenden boicotear la Ley, es innecesario. Como demuestran otras CCAA, con un buen sistema de referentes, la OC no debe tener casi ningún impacto.
Es interesante que la labor de la CGE sea retribuida.
Por último, las referencias a que a la enfermería se le ofrezca participar desde el principio de la tramitación, la formación (mejor si no se mezcla con paliativos, pero bueno), las herramientas de información, y sobre todo los protocolos de respuesta a una solicitud de eutanasia (en todos los centros sanitarios y socio sanitarios públicos y privados), son muy oportunas y esperemos que se camine en esa dirección, emancipándose de una vez por todas de los objetores de conciencia.
Es curioso que mencionen que un informe favorable de la CGE, cuando el MR o MC haya realizado uno desfavorable, “puede derivar en situaciones de tensión entre los profesionales sanitarios que realizan la prestación”, pero no al revés, es decir, cuando la CGE rechaza una solicitud en la que ha trabajado bastante tiempo el MR y ha confirmado el MC.
Por favor, un objetor de conciencia nunca puede ser el médico responsable. Lo que debe hacer es apartarse del proceso asistencial de eutanasia. Puede atender a esa persona en otros aspectos, paliativos por ejemplo, pero nunca en la tramitación de la LORE. Y también hay que evitar a médicos consultores que son objetores de conciencia encubiertos.
Por último, el procedimiento se debe adaptar a los pacientes oncológicos, por ejemplo con “la simultaneidad de actuaciones o adelanto de trámites” (obviamente si se cumplen los requisitos de enfermedad o padecimiento, de información, voluntariedad y ausencia de coacciones). Que la mitad de las personas se muera esperando una eutanasia a la que tienen derecho sí que es un problema.
¡Ah! Y -de nuevo- los plazos acordados conel Ministerio ¿Dónde están?
Nota: La LORE se publica en el BOE en marzo de 2021 (no del 22, como dice la errata de la pág. 4). Un año antes (24/1/2020) se registró en el Congreso por tercera vez la proposición de Ley, que el Pleno aprobó por mayoría absoluta en diciembre (17/12/20), para enviarla al Senado. Todas sabíamos que en unos meses entraría en vigor (junio de 2021).
Podían haberlo hecho mucho antes, como Catalunya, pero no es hasta el 14/4/21 (nueva errata en la pág. 4) cuando se forma un grupo de trabajo. Cuando entra en vigor 5 CCAA han publicado su decreto, por lo que sí se puede y quizás el Gobierno de Aragón debe revisar sus trámites y sus plazos internos.
El balance de 2021 es malo: 9 solicitudes, 1 eutanasia, otra aplazada y demasiadas personas fallecidas en la tramitación, una de ellas por suicidio. Dice textualmente (p. 7): “Más adelante se comentará cómo está siendo la presentación de solicitudes de eutanasia, y la peripecia de su tramitación; la mayor parte de ellas no están llegando a la fase de verificación previa por distintos motivos. Y sólo uno de los pacientes a los que se ha denegado la prestación de ayuda para morir ha presentado reclamación ante la Comisión”. Se agradece la sinceridad en el uso de la palabra peripecia, pero resulta preocupante viniendo del órgano que tiene que garantizar la prestación, sobre todo cuando reconoce que la mayoría de las personas solicitantes no han podido ejercer su derecho a la eutanasia.
Al menos su planteamiento sobre problemas encontrados, sus consecuencias y aspectos a mejorar es interesante. Pero “implantar medidas de información y formación extensas y suficientes para todos los profesionales sanitarios potencialmente implicados” es imposible (ni en 3 meses, ni nunca). Basta con los referentes.
Según la CGE, la realidad ha demostrado que la objeción de conciencia (OC) ha provocado problemas en la gestión de los procedimientos, sobre todo tras el suicidio de una señora, del que se hicieron eco los medios de comunicación. Esta asunción es inadmisible. Los problemas con la OC no se solucionan con una ley estatal, como dice el informe (de nuevo, balones fuera), sino aclarándoles que tienen la obligación de rubricar una solicitud y entregársela a su superior. El resto del planteamiento sobre la OC, probablemente influido por sectores que pretenden boicotear la Ley, es innecesario. Como demuestran otras CCAA, con un buen sistema de referentes, la OC no debe tener casi ningún impacto.
Es interesante que la labor de la CGE sea retribuida.
Por último, las referencias a que a la enfermería se le ofrezca participar desde el principio de la tramitación, la formación (mejor si no se mezcla con paliativos, pero bueno), las herramientas de información, y sobre todo los protocolos de respuesta a una solicitud de eutanasia (en todos los centros sanitarios y socio sanitarios públicos y privados), son muy oportunas y esperemos que se camine en esa dirección, emancipándose de una vez por todas de los objetores de conciencia.
Es curioso que mencionen que un informe favorable de la CGE, cuando el MR o MC haya realizado uno desfavorable, “puede derivar en situaciones de tensión entre los profesionales sanitarios que realizan la prestación”, pero no al revés, es decir, cuando la CGE rechaza una solicitud en la que ha trabajado bastante tiempo el MR y ha confirmado el MC.
Por favor, un objetor de conciencia nunca puede ser el médico responsable. Lo que debe hacer es apartarse del proceso asistencial de eutanasia. Puede atender a esa persona en otros aspectos, paliativos por ejemplo, pero nunca en la tramitación de la LORE. Y también hay que evitar a médicos consultores que son objetores de conciencia encubiertos.
Por último, el procedimiento se debe adaptar a los pacientes oncológicos, por ejemplo con “la simultaneidad de actuaciones o adelanto de trámites” (obviamente si se cumplen los requisitos de enfermedad o padecimiento, de información, voluntariedad y ausencia de coacciones). Que la mitad de las personas se muera esperando una eutanasia a la que tienen derecho sí que es un problema.
¡Ah! Y -de nuevo- los plazos acordados conel Ministerio ¿Dónde están?