Informe anual de evaluación de la eutanasia en Aragón en 2021 y 2022
En este informe la CGE se queja, dos veces en el 2021 y una en el de 2022, de que no han tenido tiempo para elaborar los decretos y para la formación. Un lamento del mal estudiante que no viene a cuento, porque no le corresponde a la CGE, sino al Gobierno de Aragón.
Nota: La LORE se publica en el BOE el 25/3/21 (no del 22, pág. 4). Un año antes, el 24/1/2020 el PSOE registró por tercera vez la proposición de Ley, que el Pleno del Congreso aprobó por mayoría absoluta el 17/12/20 para enviarla al Senado. A pesar del estallido de la pandemia, todas las CCAA sabían que en unos meses entraría en vigor, como así ocurrió en junio de 2021.
Podían haberlo hecho mucho antes, como Catalunya, pero no es hasta el 14/4/21 (nueva errata en la pág. 4) cuando se forma un grupo de trabajo. Cuando entra en vigor 5 CCAA han publicado su decreto, por lo que sí se puede y quizás el Gobierno de Aragón debe revisar sus trámites y sus plazos internos.
2021: 10 solicitudes:
Dice textualmente (p. 7): “Más adelante se comentará cómo está siendo la presentación de solicitudes de eutanasia, y la peripecia de su tramitación; la mayor parte de ellas no están llegando a la fase de verificación previa por distintos motivos. Y sólo uno de los pacientes a los que se ha denegado la prestación de ayuda para morir ha presentado reclamación ante la Comisión”. Se agradece la sinceridad en el uso de la palabra peripecia, pero resulta preocupante viniendo del órgano que tiene que garantizar la prestación, sobre todo cuando reconoce que la mayoría de las personas solicitantes no han podido ejercer su derecho a la eutanasia.
¿Por qué no aparecen los plazos consensuados con el Ministerio? ¡Qué sabe nadie! La CGE refiere que el procedimiento es largo y farragoso, no apto para enfermos terminales. Pero los plazos son máximos, es la propia CGE la que tiene la responsabilidad de adaptarlo para que se pueda realizar en una semana (ver ejemplo en el comentario sobre el informe de Asturias).
Al menos su planteamiento sobre problemas encontrados, sus consecuencias y aspectos a mejorar es interesante. Pero “implantar medidas de información y formación extensas y suficientes para todos los profesionales sanitarios potencialmente implicados” es imposible (ni en 3 meses, ni nunca). Basta con los referentes.
Según la CGE, la realidad ha demostrado que la objeción de conciencia (OC) ha provocado problemas en la gestión de los procedimientos, sobre todo tras el suicidio de una señora, del que se hicieron eco los medios de comunicación. Esta asunción es inadmisible. Los problemas con la OC no se solucionan con una ley estatal, como dice el informe (de nuevo, balones fuera), sino aclarándoles que tienen la obligación de rubricar una solicitud y entregársela a su superior. El resto del planteamiento sobre la OC, probablemente influido por sectores que pretenden boicotear la Ley, es innecesario. Como demuestran otras CCAA, con un buen sistema de referentes, la OC no debe tener casi ningún impacto.
Es interesante que la labor de la CGE sea retribuida.
Por último, las referencias a que a la enfermería se le ofrezca participar desde el principio de la tramitación, la formación (mejor si no se mezcla con paliativos, pero bueno), las herramientas de información, y sobre todo los protocolos de respuesta a una solicitud de eutanasia (en todos los centros sanitarios y socio sanitarios públicos y privados), son muy oportunas y esperemos que se camine en esa dirección, emancipándose de una vez por todas de los objetores de conciencia.
2022: 26 solicitudes (y corrigen las de 2021, contando solo 6):
Es curioso que mencionen que un informe favorable de la CGE, cuando el MR o MC haya realizado uno desfavorable, “puede derivar en situaciones de tensión entre los profesionales sanitarios que realizan la prestación”, pero no al revés, es decir, cuando la CGE rechaza una solicitud en la que ha trabajado bastante tiempo el MR y ha confirmado el MC.
Por favor, un objetor de conciencia nunca puede ser el médico responsable. Lo que debe hacer es apartarse del proceso asistencial de eutanasia. Puede atender a esa persona en otros aspectos, paliativos por ejemplo, pero nunca en la tramitación de la LORE. Y también hay que evitar a médicos consultores que son objetores de conciencia encubiertos.
Por último, el procedimiento se debe adaptar a los pacientes oncológicos, por ejemplo con “la simultaneidad de actuaciones o adelanto de trámites” (obviamente si se cumplen los requisitos de enfermedad o padecimiento, de información, voluntariedad y ausencia de coacciones). Que la mitad de las personas se muera esperando una eutanasia a la que tienen derecho sí que es un problema.
¡Ah! Y -de nuevo- los plazos acordados conel Ministerio ¿Dónde están?
En este informe la CGE se queja, dos veces en el 2021 y una en el de 2022, de que no han tenido tiempo para elaborar los decretos y para la formación. Un lamento del mal estudiante que no viene a cuento, porque no le corresponde a la CGE, sino al Gobierno de Aragón.
Nota: La LORE se publica en el BOE el 25/3/21 (no del 22, pág. 4). Un año antes, el 24/1/2020 el PSOE registró por tercera vez la proposición de Ley, que el Pleno del Congreso aprobó por mayoría absoluta el 17/12/20 para enviarla al Senado. A pesar del estallido de la pandemia, todas las CCAA sabían que en unos meses entraría en vigor, como así ocurrió en junio de 2021.
Podían haberlo hecho mucho antes, como Catalunya, pero no es hasta el 14/4/21 (nueva errata en la pág. 4) cuando se forma un grupo de trabajo. Cuando entra en vigor 5 CCAA han publicado su decreto, por lo que sí se puede y quizás el Gobierno de Aragón debe revisar sus trámites y sus plazos internos.
2021: 10 solicitudes:
- 3 favorables: 1 eutanasia, 1 aplazada y 1 falleció el día del dictamen favorable. 3 informes de la dupla, en realidad 2 solicitudes tramitadas (la 3ª es un fallecimiento durante la tramitación).
- 3 fallecieron durante la tramitación: 1 suicidio y 2 por cáncer. Tirarse por la ventana es un suicidio violento, no una “autolisis”, como dice la CGE (no somos una célula).
- 2 rechazadas por médico/a responsable. 1 reclamó a la CGE, con resolución desfavorable.
- 1 rechazada por médico/a consultor, solicitada en su testamento vital (TV), de una persona con una demencia, porque "se constató que el deterioro cognitivo del paciente era leve en ese momento, y que sí deseaba la prestación, pero no en ese momento, sino con enfermedad avanzada y grave deterioro cognitivo".
- 1 anómala (por lo que cuentan, no debería aparecer en el informe).
Dice textualmente (p. 7): “Más adelante se comentará cómo está siendo la presentación de solicitudes de eutanasia, y la peripecia de su tramitación; la mayor parte de ellas no están llegando a la fase de verificación previa por distintos motivos. Y sólo uno de los pacientes a los que se ha denegado la prestación de ayuda para morir ha presentado reclamación ante la Comisión”. Se agradece la sinceridad en el uso de la palabra peripecia, pero resulta preocupante viniendo del órgano que tiene que garantizar la prestación, sobre todo cuando reconoce que la mayoría de las personas solicitantes no han podido ejercer su derecho a la eutanasia.
¿Por qué no aparecen los plazos consensuados con el Ministerio? ¡Qué sabe nadie! La CGE refiere que el procedimiento es largo y farragoso, no apto para enfermos terminales. Pero los plazos son máximos, es la propia CGE la que tiene la responsabilidad de adaptarlo para que se pueda realizar en una semana (ver ejemplo en el comentario sobre el informe de Asturias).
Al menos su planteamiento sobre problemas encontrados, sus consecuencias y aspectos a mejorar es interesante. Pero “implantar medidas de información y formación extensas y suficientes para todos los profesionales sanitarios potencialmente implicados” es imposible (ni en 3 meses, ni nunca). Basta con los referentes.
Según la CGE, la realidad ha demostrado que la objeción de conciencia (OC) ha provocado problemas en la gestión de los procedimientos, sobre todo tras el suicidio de una señora, del que se hicieron eco los medios de comunicación. Esta asunción es inadmisible. Los problemas con la OC no se solucionan con una ley estatal, como dice el informe (de nuevo, balones fuera), sino aclarándoles que tienen la obligación de rubricar una solicitud y entregársela a su superior. El resto del planteamiento sobre la OC, probablemente influido por sectores que pretenden boicotear la Ley, es innecesario. Como demuestran otras CCAA, con un buen sistema de referentes, la OC no debe tener casi ningún impacto.
Es interesante que la labor de la CGE sea retribuida.
Por último, las referencias a que a la enfermería se le ofrezca participar desde el principio de la tramitación, la formación (mejor si no se mezcla con paliativos, pero bueno), las herramientas de información, y sobre todo los protocolos de respuesta a una solicitud de eutanasia (en todos los centros sanitarios y socio sanitarios públicos y privados), son muy oportunas y esperemos que se camine en esa dirección, emancipándose de una vez por todas de los objetores de conciencia.
2022: 26 solicitudes (y corrigen las de 2021, contando solo 6):
- 10 llegaron a la CGE: 9 favorables, 1 desfavorable (sin reclamación): 8 eutanasias, 1 aplazada (6 hptal, 2 domicilio. 3 donantes. 25% oncológicos, 75% neurológicos).
- 7 fallecieron durante la tramitación (46%). Demasiadas personas mueren esperando...
- 5 rechazada por MR (2 presentadas por familiares, sin TV: ¿Se deben tramitar estas solicitudes? No. Tampoco la de un menor de edad).
- 3 rechazada por MC. 1 fue aprobada tras recurrir a la CGE.
- 1 desestimó su solicitud
Es curioso que mencionen que un informe favorable de la CGE, cuando el MR o MC haya realizado uno desfavorable, “puede derivar en situaciones de tensión entre los profesionales sanitarios que realizan la prestación”, pero no al revés, es decir, cuando la CGE rechaza una solicitud en la que ha trabajado bastante tiempo el MR y ha confirmado el MC.
Por favor, un objetor de conciencia nunca puede ser el médico responsable. Lo que debe hacer es apartarse del proceso asistencial de eutanasia. Puede atender a esa persona en otros aspectos, paliativos por ejemplo, pero nunca en la tramitación de la LORE. Y también hay que evitar a médicos consultores que son objetores de conciencia encubiertos.
Por último, el procedimiento se debe adaptar a los pacientes oncológicos, por ejemplo con “la simultaneidad de actuaciones o adelanto de trámites” (obviamente si se cumplen los requisitos de enfermedad o padecimiento, de información, voluntariedad y ausencia de coacciones). Que la mitad de las personas se muera esperando una eutanasia a la que tienen derecho sí que es un problema.
¡Ah! Y -de nuevo- los plazos acordados conel Ministerio ¿Dónde están?