
Primero, llegan tarde. Es verdad que la democracia española no es muy deliberativa. Si así fuera, tendríamos un referéndum sobre Monarquía o República, y desde luego sería inimaginable que el Estado apaleara a la gente en una votación popular. Pero cualquier persona puede participar a través de sus representantes, en el Parlamento, cuando cada semana vuelven a sus territorios o de forma telemática. Los diputados/as están ahí y se puede hablar con ellos y ellas. Ha habido dos años y medio para hacerlo. Los que se quejan porque “a mí no me han llamado” pudieron hacer llegar sus propuestas a la Comisión de Justicia a través de cualquier partido político, no en el Senado, cuando el texto ya se había consensuado, y mucho menos cuando ya está en el BOE.
Por otra parte, la hemeroteca demuestra que desde la muerte de Ramón Sampedro en 1998, el debate público sobre la eutanasia no ha cesado en todo el Estado (testimonios) y ha sido abordado una veintena de veces en el Congreso de los Diputados. ¿Acaso saben cuántas personas de diferentes ámbitos ciudadanos y profesionales han participado en la elaboración de la Ley? No, pero “a mí no me han llamado”. Ojalá, como reivindicaba el 15M, existiera una democracia deliberativa, pero es poco creíble que esa demanda sea auténtica cuando se expresa solo a propósito de la Ley de eutanasia.