
Están es su derecho de oponerse y defender sus creencias, tan respetables como las de cualquier otro. Pero sin mentir y sobre todo sin ofender, llamando asesinos a los que proponen regular la eutanasia. Escribir que la eutanasia "tendrá un impacto profundamente negativo para las personas con discapacidad, existiendo además el peligro de que se produzca una pérdida desproporcionada de vidas" es infame. Eso no son creencias, son falsedades, los datos están ahí para cualquiera que quiera estudiarlos.
La pérdida de autonomía es una situación indeseable que cada persona vive de forma diferente, pero que no tiene nada que ver cuando existe un proyecto vital posible, que cuando una persona se encuentra en la etapa final de su vida, en muchos casos con un grave deterioro cognitivo o con un sufrimiento constante e intolerable. ¿De qué discapacitados hablamos? El CERMI no opone frontalmente a la eutanasia porque sabe que la sociedad es plural, por eso estas maniobras de despiste. En otros países, como Canadá o Nueva Zelanda, algunos discapacitados han protestado diciendo ¿Cómo te atreves a hablar por mí?
Solamente desde una visión paternalista de la dependencia y la discapacidad y una desconfianza profunda en la libertad individual, se puede pensar que la regulación de la eutanasia, que existe en todos los países de forma clandestina, es una invitación pública a que una persona termine con su vida. Tamaño disparate nunca procede desde los países que han regulado la eutanasia. ¿Quiénes son esas personas de los Países Bajos y Bélgica que están en peligro? ¿A quién están matando, cómo se llaman? ¿No tienen familia, no hay policía, ni justicia que denuncie estas tropelías en estos países europeos? Claro que la hay, pero la cuestión es que es mentira.
Otro posicionamiento retrógrado es sobre el testamento vital. Es un error muy común que se cuestione qué ocurre si la persona que lo ha firmado desea “modificar la elección realizada entonces”. Obviamente, las instrucciones previas son revocables en cualquier momento, pero no cuando las voluntades anticipadas entran en vigor, porque desde ese momento esa persona ya no tiene capacidad para expresarse, como consecuencia del deterioro irreversible de su salud. Es una sospecha absurda: no puede cambiar de opinión, porque ya no piensa, ya no tiene opinión.
Obviamente (2), quien mejor puede hacer un juicio clínico sobre su proceso clínico y pronóstico es un médico, pero no “basta la opinión de un médico”, como dice el informe, sino como mínimo de tres: el médico responsable, el médico consultor y el de la Comisión de Garantía. Cuando se recurre a un testamento vital no existen dudas sobre la pérdida de capacidad para expresarse de esa persona. La mayoría serán personas con demencia en las que hasta un niño podría confirmar su deterioro mental. El control judicial (3) no aporta nada. Si todas las decisiones médicas sobre la muerte de una persona tuvieran que ser autorizadas por un juez, debería de haber un juzgado en cada hospital, cada residencia y cada centro de salud. No es un juez el que tiene que valorar las decisiones, sino un facultativo, en este caso tres, tal y como señala la ley.
El problema es su mirada, la libertad como amenaza. Reconocer que en determinadas circunstancias vitales se respetará la voluntad de morir no es un estigma, ni una discriminación, sino un privilegio. En los países que han regulado la eutanasia, del 96 al 98% de las personas que muere no eligieron una muerte asistida, porque lo que importa no es padecer cáncer, ELA, demencia o la pérdida de autonomía, sino la voluntad de morir, los valores de cada persona, su libertad. No es el Estado el que otorga mayor o menor valor a la vida, es cada persona la que, si cumple los requisitos, decide según su propio concepto de dignidad.
Con ese discurso, el CERMI propone quitar de la ley la palabra “imposibilitante” y definir el padecimiento grave crónico como "la situación en la que se encuentra una persona que lleva consigo un sufrimiento físico o psíquico grave, constante e insoportable para ella, acreditado bajo parámetros médicos, que según su criterio impide, socava o compromete de modo duradero e irreversible el libre desarrollo de su personalidad y su desenvolvimiento vital".
Es muy interesante su estrategia, en lugar de oponerse, pedir lo inaceptable, esa es la trampa. Al desaparecer toda referencia a la autonomía física (no valerse por sí misma), las personas con un sufrimiento de origen psicológico por un trastorno mental grave cumplirían los requisitos. Por eso el CERMI lo plantea, porque sabe (y los senadores deberían saberlo) que la propuesta de ley ha querido evitar desde el principio el trastorno mental y que esa opción es para la mayoría inadmisible. La ley sería mejor, pero lo que se pretende no es abrir ese melón (la muerte voluntaria de personas con trastorno mental), sino reventar el debate para vaciar la ley de contenido. Dicho en palabras de un diputado del Congreso "¡Que se joda Ramón Sampedro!" Y si por ellos fuera, que se joda también Maribel Tellaetxe y todas las personas que no deseamos vivir son una demencia, no vaya a ser que otros se ofendan por el ejercicio de nuestra libertad individual.
Interesante post de diciembre de 2021 de Alfredo Calcedo (psiquiatra): Eutanasia y discapacidad como justificación: las paradojas de la Ley. El CERMI le negaría la ayuda para morir a Ramón Sampedro, porque "permitir la discapacidad como justificación de la eutanasia es una estigmatización. Parece que entienden que las personas con discapacidad no deberían tomar decisiones autónomas sobre el fin de su vida. La contradicción es evidente".