La Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, supuestamente en vigor desde el 25 de junio, lamentablemente todavía está por desarrollar. "Marca España".
A día de hoy, la situación es caótica. Las personas solicitantes de eutanasia se pueden esperar cualquier cosa, fundamentalmente debido a la incompetencia de unas administraciones incapaces de preparar en plazo su entrada en vigor. Afirmar que "aquí todo es muy lento y 3 meses es poco tiempo" es una excusa (sobre todo en una región, como Madrid, que presume de su capacidad para construir en unos meses un hospital de pandemias). Cuatro meses después, todavía hay CCAA sin Comisión de Garantía y Evaluación (CGE), un elemento imprescindible para el ejercicio de este nuevo derecho.
A día de hoy, la situación es caótica. Las personas solicitantes de eutanasia se pueden esperar cualquier cosa, fundamentalmente debido a la incompetencia de unas administraciones incapaces de preparar en plazo su entrada en vigor. Afirmar que "aquí todo es muy lento y 3 meses es poco tiempo" es una excusa (sobre todo en una región, como Madrid, que presume de su capacidad para construir en unos meses un hospital de pandemias). Cuatro meses después, todavía hay CCAA sin Comisión de Garantía y Evaluación (CGE), un elemento imprescindible para el ejercicio de este nuevo derecho.
Es una cuestión de voluntad política, si la Ley hubiera entrado en vigor en 6 meses, en septiembre estaríamos igual. Podían haberlo hecho mucho mejor y esperemos que lo hagan (o el consejero de turno deberá responder ante los tribunales).
Es verdad que el momento es inoportuno, por la Covid (plantillas exhaustas, profesionales quemados, 5ª ola...) y por el verano (vacaciones, suplencias -que no se cubren-, relax...). Ok, el cambio climático también lo es, pero el problema fundamental no es ese, sino el desconcierto de los profesionales ante la ausencia de unas directrices de las CCAA y la poca vergüenza de algunos médicos/as que se comportan con cero profesionalidad.
Por ejemplo, en algunos casos el médico/a no quiere hacerse cargo de rubricar la solicitud. ¿Estamos locos? Esa opción no estaba prevista por la Ley, porque es un disparate que una persona ni siquiera pueda solicitar una prestación, independientemente de que luego ésta se admita o se rechace, por razones legales. Pero da igual, porque la Comunidad Autónoma tampoco cumple la ley.
Una médica, que se comprometió con su paciente a respetar su voluntad y ayudarla a morir, cambió de parecer a las 48 horas y se hizo objetora. ¿Vio la luz? No, le hablaron del “pan de sus hijos”.
En las CCAA sin CGE, nadie responde al otro lado a las reclamaciones, no hay donde recurrir, el silencio es la norma, cada médico o médica dice lo que le parece, sin orden, ni concierto. “En el grupo X no se va a realizar ninguna eutanasia porque todos somos objetores”, le dijeron a una paciente oncológica terminal, refiriéndose a un grupo empresarial importante. Ya lo veremos. Cuando las personas aseguradas sepan que su compañía no respeta sus derechos sanitarios, no creo que lo afirmen con esa soberbia, no en una sociedad en la que la inmensa mayoría está a favor de la eutanasia.
“En este Centro de Salud hemos objetado en bloque, ningún médico va a recoger tu solicitud, y además, aquí no te la podemos dar”. No se puede objetar “en bloque”, porque ni los equipos, ni las instituciones, tienen conciencia. Es de primero de bioética, pero da igual, porque ante esa negativa la administración ha abandonado a una ciudadanía que está indefensa.
El integrismo es muy minoritario en la sociedad, pero es poderoso. Envalentonado en los últimos años por la presencia en las instituciones de discursos que no respetan los derechos humanos, utiliza toda su influencia y presiona para que no se respete la Ley. Se aprovecha del desconcierto inicial ante una nueva prestación sanitaria para boicotear la ley a través de la objeción de conciencia. La experiencia del aborto es una vergüenza: servicios enteros, hospitales, comunidades autónomas. Eso no es objeción de conciencia, sino un fraude de ley, amparado por sentencias judiciales y consentido por los gestores de la sanidad pública en todo el Estado. Si, en todo el Estado. Así de cutre es la situación, y así es el panorama, un tanto desolador.
¿Y qué vamos a hacer? Cada persona debe pelear por sus derechos, como siempre.
Es verdad que el momento es inoportuno, por la Covid (plantillas exhaustas, profesionales quemados, 5ª ola...) y por el verano (vacaciones, suplencias -que no se cubren-, relax...). Ok, el cambio climático también lo es, pero el problema fundamental no es ese, sino el desconcierto de los profesionales ante la ausencia de unas directrices de las CCAA y la poca vergüenza de algunos médicos/as que se comportan con cero profesionalidad.
Por ejemplo, en algunos casos el médico/a no quiere hacerse cargo de rubricar la solicitud. ¿Estamos locos? Esa opción no estaba prevista por la Ley, porque es un disparate que una persona ni siquiera pueda solicitar una prestación, independientemente de que luego ésta se admita o se rechace, por razones legales. Pero da igual, porque la Comunidad Autónoma tampoco cumple la ley.
Una médica, que se comprometió con su paciente a respetar su voluntad y ayudarla a morir, cambió de parecer a las 48 horas y se hizo objetora. ¿Vio la luz? No, le hablaron del “pan de sus hijos”.
En las CCAA sin CGE, nadie responde al otro lado a las reclamaciones, no hay donde recurrir, el silencio es la norma, cada médico o médica dice lo que le parece, sin orden, ni concierto. “En el grupo X no se va a realizar ninguna eutanasia porque todos somos objetores”, le dijeron a una paciente oncológica terminal, refiriéndose a un grupo empresarial importante. Ya lo veremos. Cuando las personas aseguradas sepan que su compañía no respeta sus derechos sanitarios, no creo que lo afirmen con esa soberbia, no en una sociedad en la que la inmensa mayoría está a favor de la eutanasia.
“En este Centro de Salud hemos objetado en bloque, ningún médico va a recoger tu solicitud, y además, aquí no te la podemos dar”. No se puede objetar “en bloque”, porque ni los equipos, ni las instituciones, tienen conciencia. Es de primero de bioética, pero da igual, porque ante esa negativa la administración ha abandonado a una ciudadanía que está indefensa.
El integrismo es muy minoritario en la sociedad, pero es poderoso. Envalentonado en los últimos años por la presencia en las instituciones de discursos que no respetan los derechos humanos, utiliza toda su influencia y presiona para que no se respete la Ley. Se aprovecha del desconcierto inicial ante una nueva prestación sanitaria para boicotear la ley a través de la objeción de conciencia. La experiencia del aborto es una vergüenza: servicios enteros, hospitales, comunidades autónomas. Eso no es objeción de conciencia, sino un fraude de ley, amparado por sentencias judiciales y consentido por los gestores de la sanidad pública en todo el Estado. Si, en todo el Estado. Así de cutre es la situación, y así es el panorama, un tanto desolador.
¿Y qué vamos a hacer? Cada persona debe pelear por sus derechos, como siempre.
- Explicar la Ley, sus condiciones, requisitos y plazos, advirtiendo de las dificultades actuales.
- Recabar información sobre cómo funciona la eutanasia en todas las CCAA. Esperamos que en algunos territorios marche con cierto retraso, pero relativamente bien, según lo previsto en la legislación.
- Asesorar sobre cómo presentar reclamaciones a la Administración. Las palabras se las lleva el viento, para comunicarse con la Administración debe ser por escrito.
- Presentar una demanda en el juzgado contencioso-administrativo por incumplimiento de la LORE y por no respetar derechos fundamentales, incluyendo la posibilidad de exigir al Estado responsabilidad patrimonial por obligar a vivir a una persona en una situación de sufrimiento constante e intolerable, en contra de su voluntad.
