Imagen: Dilan Lisle Tras la iniciativa pionera andaluza de la ley 2/2010 de Muerte Digna, seguida por Navarra (ley 8/2011) y Aragón (ley 10/2011), Canarias, Baleares, Galicia y País Vasco están tramitando normas similares.
La razón: hoy en día se muere bien, regular o mal, dependiendo del médico que a uno le toque, algo que DMD lleva años denunciando (Manifiesto Santander, 2008). La intención es buena, pero “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”, y los hechos demuestran que las declaraciones grandilocuentes sobre la dignidad de nada sirven si no se acompañan de medidas que garanticen el derecho a protagonizar su proceso de morir y al alivio del sufrimiento.
La razón: hoy en día se muere bien, regular o mal, dependiendo del médico que a uno le toque, algo que DMD lleva años denunciando (Manifiesto Santander, 2008). La intención es buena, pero “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”, y los hechos demuestran que las declaraciones grandilocuentes sobre la dignidad de nada sirven si no se acompañan de medidas que garanticen el derecho a protagonizar su proceso de morir y al alivio del sufrimiento.
¿Las leyes cambian la sociedad o, más bien, son un reflejo de una realidad que va evolucionando de una forma relativamente independiente de la legislación? ¿Cómo promover esa nueva cultura de la muerte (digna)? ¿Cómo democratizar la relación clínica, pasando del paternalismo médico al respeto mutuo? ¿Por qué la ley de autonomía de 2002 no ha servido para garantizar los derechos al final de la vida? ¿Para qué sirve otro texto legal?
Más allá de la palabrería en la exposición de motivos, ¿Qué garantías contienen los textos que ahora se proponen? Ninguna, no preveen medidas de difusión, implantación y sobre todo evaluación de la ley? Solamente Andalucía ha elaborado el informe Cómo mueren los andaluces, que aún no aporta datos significativos, pero que demuestra que algo se está haciendo. Menos es nada.
Una ley de muerte digna debería partir no sólo del hecho de que se muere mal, sino de un análisis pormenorizado de la realidad, que no existe. Una forma sería constituir un Observatorio de la Muerte Digna que haga un diagnóstico a partir de la experiencia de la enfermería a la cabecera del enfermo y un seguimiento de la ley, un organismo dependiente de la Consejería de Salud, con capacidad de solucionar conflictos asistenciales, como por ejemplo la negativa a ser atendido por una organización confesional católica o por un profesional que anteponga su creencia personal en la santidad de la vida a su compromiso de respeto a la voluntad del paciente. Con una carta de derechos clara, los Comités de Ética Asistencial de cada centro son tan innecesarios como sus informes no vinculantes.
Si a los gestores de lo público les preocupa la calidad de la muerte, cinco años después de la ley andaluza, copiarla no basta, lo mejor que pueden hacer es dejar de marear la perdiz, tirar los borradores a la basura y empezar de nuevo.
Leer artículo completo en el blog de público.es Estación Termino
Más allá de la palabrería en la exposición de motivos, ¿Qué garantías contienen los textos que ahora se proponen? Ninguna, no preveen medidas de difusión, implantación y sobre todo evaluación de la ley? Solamente Andalucía ha elaborado el informe Cómo mueren los andaluces, que aún no aporta datos significativos, pero que demuestra que algo se está haciendo. Menos es nada.
Una ley de muerte digna debería partir no sólo del hecho de que se muere mal, sino de un análisis pormenorizado de la realidad, que no existe. Una forma sería constituir un Observatorio de la Muerte Digna que haga un diagnóstico a partir de la experiencia de la enfermería a la cabecera del enfermo y un seguimiento de la ley, un organismo dependiente de la Consejería de Salud, con capacidad de solucionar conflictos asistenciales, como por ejemplo la negativa a ser atendido por una organización confesional católica o por un profesional que anteponga su creencia personal en la santidad de la vida a su compromiso de respeto a la voluntad del paciente. Con una carta de derechos clara, los Comités de Ética Asistencial de cada centro son tan innecesarios como sus informes no vinculantes.
Si a los gestores de lo público les preocupa la calidad de la muerte, cinco años después de la ley andaluza, copiarla no basta, lo mejor que pueden hacer es dejar de marear la perdiz, tirar los borradores a la basura y empezar de nuevo.
Leer artículo completo en el blog de público.es Estación Termino
