Que la CGE rechace una solicitud de eutanasia contra el criterio del MR y MC, es una osadía y un atropello.
Recientemente JF Mestre, periodista del Diario de Mallorca, contaba la historia de Damiana. ¿Por qué la CGE no se entrevistó con ella para conocer de primera mano su experiencia de sufrimiento y sus razones para morir?
¿Por qué el juzgado contencioso administrativo se inventa que su solicitud es debida a su situación social y familiar o a su cansancio vital?
¡Qué difícil es todo! ¡Qué desastre! Lo que cada vez está más claro es que la justicia no va a garantizar el derecho a la eutanasia.
Como el que se queda mirando el dedo que señala la luna, la CGE deslegitimó los informes del MR y MC, y la reclamación de Damiana, para confrontarlos con su historia clínica, buscando contradicciones para negarle su derecho. Esto probablemente es ilegal. Cuando la LORE especifica que la dupla de la CGE “tendrá acceso a la documentación que obre en la historia clínica”, se refiere a la solicitud de eutanasia, pero la CGE no puede incorporar al procedimiento todo lo que le parezca para justificar su rechazo en contra del criterio del MR y MC.
El informe del MC es muy claro: “presenta cefalea continua resistente a tratamientos, con reagudizaciones asociados a distorsión visual. Además dolores generalizados que impiden actividades de la vida diaria. Disnea a moderados esfuerzos, tiene que parar cada pocos metros. Manifiesta una mala calidad de vida y su deseo de eutanasia”.
Para el juez, no existe controversia sobre la conformidad libre, voluntaria y consciente de Damiana en adelantar su propia muerte. Como tampoco que dicha manifestación realizada en pleno uso de sus facultades lo fue después de recibir la información adecuada, a petición propia y tras un proceso deliberativo que, por cierto, la administración puso en duda. Sin embargo, acepta sin más los argumentos de la CGE:
- Que Damiana “no estaba impedida para valerse por sí misma”. Aunque vida sola, esto falso.
- Que “no cumplía con las recomendaciones” es otro invento de la CGE, que además no es un argumento válido, porque cualquier persona tiene derecho a elegir entre opciones clínicas y a rechazar tratamientos. No existe ningún conflicto entre la Ley de Autonomía del Paciente y la LORE. Excepto si supone un peligro para la salud pública, nadie tiene la obligación de ser una paciente obediente y sumisa.
- Y que existan posibilidades de mejora apreciable en sus limitaciones físicas para ella, no para su señoría o cualquier otra persona, es otro brindis al sol. (El MR y MC deben ser lerdos).
Según el juez, al exigir una valoración externa la intención del legislador es que la CGE decida si la enfermedad tiene o no un alivio tolerable. Esto es un disparate, porque anula la libertad de la persona para decidir sobre su dignidad personal y su integridad física y moral. Entre todas las personas con una situación de deterioro similar, con el mismo pronóstico y opciones de tratamiento, algunas decidirán morir y la mayoría no. Cada una siente en su propio cuerpo si para ella el sufrimiento es constante e intolerable, si tiene sentido seguir. Nadie puede medir ese dolor desde fuera, ni afirmar si ese supuesto alivio será tolerable para otra persona, nadie.
Cuando Damiana recurrió a la justicia, el letrado de la Administración repitió los argumentos de la CGE. El Fiscal, que se supone que está ahí para defender la LORE, también se opuso a la demanda. Según ellos, no se encontraba en un contexto eutanásico, sino en un “evidente cansancio vital". ¿Y eso? Evidente, ¿En base a qué?
Además, el juez sostiene que el sufrimiento de Damiana deriva prioritariamente de un desfavorable apoyo social y familiar. Es verdad que en un informe de psiquiatría se menciona la distocia social, un término desafortunado, anticuado, que está fuera de lugar. Pero eso no justifica que te inventes que está cansada de vivir y se quiere morir porque es pobre y carece de apoyo familiar, sobre todo cuando el MR y el MC ya conocían este informe. Quizá para algunas personas está mal ayudar a morir a una señora con pocos recursos socioeconómicos que además es un poco rebelde. Pero si cumple los requisitos, como es el caso de Damiana, tiene derecho. Asi es la Ley, o así debería ser.
Sugerir que Damiana tiene una intención de suicidio porque no tiene la vida que le gustaría es una falta de respeto, que prueba la falta de compasión. Escribir que, después de estar casi dos años tramitando su solicitud, siempre “es posible replantear de nuevo la petición” es otra perla.
Pleitos tengas y los ganes, de momento la experiencia es que recurrir al contencioso administrativo es una pesadilla que solo prolonga el maltrato institucional recibido. ¡Madre mía! Y lo que nos queda por ver...