Con motivo del referéndum sobre eutanasia, un grupo de médicos pidió a la Asociación Médica de Nueva Zelanda (NZMA, equivalente aquí a la Organización Médica Colegial, OMC) que dejara de desinformar a los votantes y de difundir información engañosa o falsa sobre la muerte asistida. Estas son su razones:
- No es una iniciativa de partidos políticos o gobiernos, es un movimiento ciudadano global, de personas comunes y corrientes que se enfrentan a la tragedia de obligar a una persona que sufre a vivir en contra de su voluntad.
- No es una novedad, ni un experimento, sino una legislación similar a la disponible para millones de personas en todo el mundo, en el que posteriormente ningún país se ha planteado su derogación.
- Las relaciones profesional paciente no se deterioran, sino que mejoran (mejoran el afrontamiento de la muerte, facilitando esas conversaciones difíciles tan necesarias).
- Ningún dato indica que los vulnerables o discapacitados estén en riesgo, ni que sean sometidos a ningún tipo de coacción, ni que exista una normalización del suicidio o aumente su frecuencia.
En España, estamos asistiendo a un uso descarado de los cuidados paliativos (CP) para tratar de imponer creencias personales (la vida es sagrada y le pertenece a Dios) a través de mentiras como la omnipotencia paliativa o su incompatibilidad con la eutanasia (los datos de Benelux, a la cabeza de Europa en CP, también son rotundos).
Y tampoco es aceptable que se utilice la eutanasia para promocionar los intereses particulares de una minoría de profesionales con una ley estatal de CP muy discutible en un estado descentralizado, donde la atención paliativa figura en la cartera de servicios desde 2003, en un Sistema Nacional de Salud basado en la atención primaria, donde diez Comunidades Autónomas ya han concretado ese derecho en una ley de muerte digna. Paradójicamente, algunas CCAA con mayor cobertura de CP no tienen ley de muerte digna, porque el desarrollo de los CP no depende de leyes, sino de voluntad política.
El dato de que “cada año 80 mil personas mueren con dolor por falta de acceso a CP”, es "poco riguroso", porque ningunea el trabajo de los equipos de atención primaria (y de otros especialistas) al final de la vida. Defender las condiciones de trabajo es legítimo, pero hay otros caminos. Los CP no han descubierto la rueda, su reconocimiento como una especialidad sería un gran error, y otra carga de dinamita más en la Atención Primaria.
“Los verdaderamente vulnerables son aquellos que realmente están muriendo con un sufrimiento insoportable y a quienes se les niega la ayuda que solicitan con el argumento de que su sufrimiento es necesario y terminará en el momento señalado”.
- - Es una irresponsabilidad hablar en nombre de todos los médicos y usar de esa manera una institución para difundir una posición minoritaria (las encuestas son rotundas al respecto).
- - No se trata de elegir entre vivir o morir, sino morir de una manera o morir de otra.
- No es una iniciativa de partidos políticos o gobiernos, es un movimiento ciudadano global, de personas comunes y corrientes que se enfrentan a la tragedia de obligar a una persona que sufre a vivir en contra de su voluntad.
- No es una novedad, ni un experimento, sino una legislación similar a la disponible para millones de personas en todo el mundo, en el que posteriormente ningún país se ha planteado su derogación.
- Las relaciones profesional paciente no se deterioran, sino que mejoran (mejoran el afrontamiento de la muerte, facilitando esas conversaciones difíciles tan necesarias).
- Ningún dato indica que los vulnerables o discapacitados estén en riesgo, ni que sean sometidos a ningún tipo de coacción, ni que exista una normalización del suicidio o aumente su frecuencia.
En España, estamos asistiendo a un uso descarado de los cuidados paliativos (CP) para tratar de imponer creencias personales (la vida es sagrada y le pertenece a Dios) a través de mentiras como la omnipotencia paliativa o su incompatibilidad con la eutanasia (los datos de Benelux, a la cabeza de Europa en CP, también son rotundos).
Y tampoco es aceptable que se utilice la eutanasia para promocionar los intereses particulares de una minoría de profesionales con una ley estatal de CP muy discutible en un estado descentralizado, donde la atención paliativa figura en la cartera de servicios desde 2003, en un Sistema Nacional de Salud basado en la atención primaria, donde diez Comunidades Autónomas ya han concretado ese derecho en una ley de muerte digna. Paradójicamente, algunas CCAA con mayor cobertura de CP no tienen ley de muerte digna, porque el desarrollo de los CP no depende de leyes, sino de voluntad política.
El dato de que “cada año 80 mil personas mueren con dolor por falta de acceso a CP”, es "poco riguroso", porque ningunea el trabajo de los equipos de atención primaria (y de otros especialistas) al final de la vida. Defender las condiciones de trabajo es legítimo, pero hay otros caminos. Los CP no han descubierto la rueda, su reconocimiento como una especialidad sería un gran error, y otra carga de dinamita más en la Atención Primaria.
“Los verdaderamente vulnerables son aquellos que realmente están muriendo con un sufrimiento insoportable y a quienes se les niega la ayuda que solicitan con el argumento de que su sufrimiento es necesario y terminará en el momento señalado”.
