Nicole Gladu es una canadiense de 75 años discapacitada por un padecimiento grave crónico e imposibilitante, que sufre desde hace 25 años. Vive de forma independiente en un piso 14 con una hermosa vista y aprecia su autonomía, incluido el derecho a una muerte asistida para poner fin a su vida cuando su sufrimiento sea intolerable.
Nicole reclamó sus derechos en los tribunales y le dieron la razón. Por eso Canadá discute cómo ampliar los requisitos de la ley, para los casos en los que no exista una muerte razonablemente previsible (o con pronóstico de vida limitado, según la ley española).
Como a muchas otras personas discapacitadas, a Nicole le molesta que la consideren una persona vulnerable que necesite ser protegida para que no la obliguen a pedir una muerte asistida. La vulnerabilidad es un concepto utilizado hasta la saciedad de una forma muy paternalista, por personas que gozan de buena salud. El mensaje de que una ley de eutanasia transmite la idea de que la vida con discapacidad no vale la pena y promueve la coacción sutil, a través de actitudes sociales y falta de apoyo social, es una forma retorcida de utilizar el lenguaje que no solo muestra un paternalismo inadmisible, sino que es completamente falso. Lo que se esconde, lo que está detrás, no es el interés por proteger a las personas, sino una ofensiva contra la muerte asistida.
Nicole reclamó sus derechos en los tribunales y le dieron la razón. Por eso Canadá discute cómo ampliar los requisitos de la ley, para los casos en los que no exista una muerte razonablemente previsible (o con pronóstico de vida limitado, según la ley española).
Como a muchas otras personas discapacitadas, a Nicole le molesta que la consideren una persona vulnerable que necesite ser protegida para que no la obliguen a pedir una muerte asistida. La vulnerabilidad es un concepto utilizado hasta la saciedad de una forma muy paternalista, por personas que gozan de buena salud. El mensaje de que una ley de eutanasia transmite la idea de que la vida con discapacidad no vale la pena y promueve la coacción sutil, a través de actitudes sociales y falta de apoyo social, es una forma retorcida de utilizar el lenguaje que no solo muestra un paternalismo inadmisible, sino que es completamente falso. Lo que se esconde, lo que está detrás, no es el interés por proteger a las personas, sino una ofensiva contra la muerte asistida.
Frente a los integristas, que argumentan que para muchas personas con discapacidades la muerte asistida no es una elección real, porque viven en la pobreza, marginadas, y sin un apoyo social que haría sus vidas más satisfactorias, la justicia canadiense determinó que se debe evaluar caso por caso, pero que una exclusión general de las personas que solicitan ayuda para morir, por un sufrimiento constante e intolerable, sin un pronóstico de vida limitado, es una violación de sus derechos constitucionales, sean o no discapacitadas.
Todas las leyes de muerte asistida exigen una evaluación caso por caso. En España, por dos médicos y por la Comisión de Garantía. Para que estas sospechas se hicieran realidad, necesitarían la complicidad de todos estos profesionales, familia y allegados. Por eso, en un estado de derecho, es una distopía imposible.
El Consejo de DDHH de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad está llevando a cabo una ofensiva contra la muerte asistida. En Canadá, su relator declaró en el Senado estos nuevos argumentos que los integristas utilizan para que la muerte asistida permanezca en la clandestinidad. Identificar el derecho a una muerte asistida con el capacitismo (la vida de una persona con discapacidad tiene menos valor), es el nuevo mantra del integrismo.
La discapacidad no es una razón para la muerte asistida médicamente, dicen los expertos de la ONU. Por supuesto, la enfermedad terminal tampoco. Pero se olvidan de lo fundamental: la voluntad de morir y la experiencia de sufrimiento intolerable.
Como me decía un socio de DMD: el Comité confunde los términos (y es extraño) y ve en la ley de eutanasia una evocación a la discapacidad, cuando en todo caso habría evocación a una persona en situación de dependencia que sufre de manera constante e intolerable, que no es lo mismo. Pero lo realmente paradójico es que sea el Comité el que pretende negar a estas personas el derecho a ser ayudadas a morir, basándose en el argumento de que tienen una discapacidad. Es el Comité el que está incurriendo en una "discriminación por motivos de discapacidad" en los términos establecidos por la Convención: "cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo".
No en vano, uno de los firmantes es catedrático de la Universidad Católica de Lovaina.
Cuando le preguntaron al relator por Nicole, éste dijo que por supuesto tiene derecho a su autonomía, siempre que eso no socave las imágenes positivas de la discapacidad. ¡Acabáramos! Con ese razonamiento Ramón Sampedro no podría morir por si otros tetrapléjicos se sentían ofendidos. Es la misma línea argumental que la campaña Vividores, que mostraba ejemplos del esfuerzo titánico y encomiable de muchas personas con discapacidad. Pero, de nuevo, omiten lo más importante: vivimos en una sociedad plural, que debe respetar las creencias y los valores de todas las personas.
Para el relator la ley de eutanasia siempre tiene consecuencias no deseadas. Pero, como viene siendo habitual en los razonamientos integristas, no aporta ningún dato de los países que la regularon hace casi 20 años. Si los hubiera, su colega belga se los habría facilitado.
La discapacidad es una excusa. A propósito de la declaración de la ONU, la organización Not Dead Yet (EEUU), declaró que todos los grupos de discapacitados de EEUU se oponen a las leyes de suicidio por las razones de peso expresadas por la Oficina de DDHH de la ONU.
En EEUU los enfermos terminales solicitan una muerte asistida principalmente debido a preocupaciones relacionadas con la discapacidad, como la pérdida de autonomía, pero para esta organización “las personas con enfermedades terminales avanzadas son un subconjunto de todas las personas con discapacidades”, "así que realmente creo que las preocupaciones planteadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se aplican en todos los ámbitos". Ya estaría...
Como se comentaba en la entrada anterior, esta ofensiva ha llegado a España a través del CERMI, que la ha “comprado” y ha tratado de vendérsela a l@s senador@s sin tener en cuenta que se puede ser una “vividora” y optar por una muerte voluntaria.
Si Marieke Vervoort levantara la cabeza se escandalizaría de la manipulación que hacen los integristas de las personas con discapacidad. Como dijo Nicole “Ahora es realmente una cuestión de decisión personal. Depende de mí o del Sr. Truchon (el otro demandante) y del resto de personas como nosotras decidir si preferimos la calidad de vida a la cantidad de vida”.
Todas las leyes de muerte asistida exigen una evaluación caso por caso. En España, por dos médicos y por la Comisión de Garantía. Para que estas sospechas se hicieran realidad, necesitarían la complicidad de todos estos profesionales, familia y allegados. Por eso, en un estado de derecho, es una distopía imposible.
El Consejo de DDHH de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad está llevando a cabo una ofensiva contra la muerte asistida. En Canadá, su relator declaró en el Senado estos nuevos argumentos que los integristas utilizan para que la muerte asistida permanezca en la clandestinidad. Identificar el derecho a una muerte asistida con el capacitismo (la vida de una persona con discapacidad tiene menos valor), es el nuevo mantra del integrismo.
La discapacidad no es una razón para la muerte asistida médicamente, dicen los expertos de la ONU. Por supuesto, la enfermedad terminal tampoco. Pero se olvidan de lo fundamental: la voluntad de morir y la experiencia de sufrimiento intolerable.
Como me decía un socio de DMD: el Comité confunde los términos (y es extraño) y ve en la ley de eutanasia una evocación a la discapacidad, cuando en todo caso habría evocación a una persona en situación de dependencia que sufre de manera constante e intolerable, que no es lo mismo. Pero lo realmente paradójico es que sea el Comité el que pretende negar a estas personas el derecho a ser ayudadas a morir, basándose en el argumento de que tienen una discapacidad. Es el Comité el que está incurriendo en una "discriminación por motivos de discapacidad" en los términos establecidos por la Convención: "cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo".
No en vano, uno de los firmantes es catedrático de la Universidad Católica de Lovaina.
Cuando le preguntaron al relator por Nicole, éste dijo que por supuesto tiene derecho a su autonomía, siempre que eso no socave las imágenes positivas de la discapacidad. ¡Acabáramos! Con ese razonamiento Ramón Sampedro no podría morir por si otros tetrapléjicos se sentían ofendidos. Es la misma línea argumental que la campaña Vividores, que mostraba ejemplos del esfuerzo titánico y encomiable de muchas personas con discapacidad. Pero, de nuevo, omiten lo más importante: vivimos en una sociedad plural, que debe respetar las creencias y los valores de todas las personas.
Para el relator la ley de eutanasia siempre tiene consecuencias no deseadas. Pero, como viene siendo habitual en los razonamientos integristas, no aporta ningún dato de los países que la regularon hace casi 20 años. Si los hubiera, su colega belga se los habría facilitado.
La discapacidad es una excusa. A propósito de la declaración de la ONU, la organización Not Dead Yet (EEUU), declaró que todos los grupos de discapacitados de EEUU se oponen a las leyes de suicidio por las razones de peso expresadas por la Oficina de DDHH de la ONU.
En EEUU los enfermos terminales solicitan una muerte asistida principalmente debido a preocupaciones relacionadas con la discapacidad, como la pérdida de autonomía, pero para esta organización “las personas con enfermedades terminales avanzadas son un subconjunto de todas las personas con discapacidades”, "así que realmente creo que las preocupaciones planteadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se aplican en todos los ámbitos". Ya estaría...
Como se comentaba en la entrada anterior, esta ofensiva ha llegado a España a través del CERMI, que la ha “comprado” y ha tratado de vendérsela a l@s senador@s sin tener en cuenta que se puede ser una “vividora” y optar por una muerte voluntaria.
Si Marieke Vervoort levantara la cabeza se escandalizaría de la manipulación que hacen los integristas de las personas con discapacidad. Como dijo Nicole “Ahora es realmente una cuestión de decisión personal. Depende de mí o del Sr. Truchon (el otro demandante) y del resto de personas como nosotras decidir si preferimos la calidad de vida a la cantidad de vida”.
